http://blogs.publico.es/repensar-europa/2014/10/15/cosas-que-complicaran-su-vida-el-ttip-y-el-ceta/

 

Cosas que complicarán su vida: el TTIP y el CETA

Pedro Chaves Giraldo,

¿Sabía que en febrero de 2013 la multinacional farmacéutica holandesa Achmea, inició un procedimiento contra el gobierno de Eslovaquia para bloquear un proyecto de Ley que iba a establecer un sistema único de seguro de salud pública? Eso después de que esta misma multinacional se embolsara la friolera de 25 millones de euros en concepto de daños, perjuicios y costes del mismo gobierno eslovaco. La razón: en 2006 el recién nombrado gobierno de Eslovaquia limitó el poder de los seguros privados de salud para distribuir o repatriar sus beneficios.

Pero si le interesan más las cosas del día a día, conviene que sepa que la OMC penalizó a Estados Unidos por sus latas de atún etiquetadas "sin peligro para los delfines", por la indicación del país de origen sobre las carnes importadas o por la prohibición del tabaco perfumado al bombón, porque, según la OMC, estas medidas son consideradas como trabas al libre comercio. La Unión Europea ha sido sancionada por este organismo con centenares de millones de euros de multa por prohibir la importación de organismos genéticamente modificados (OGM).

Estas No son informaciones de un futuro lejano, son cosas de nuestra cotidianeidad que se verán incrementadas si el TTIP se aprueba, como se espera, a finales del año 2015.

TTIP son las siglas en inglés de un Acuerdo de Asociación Transatlántica para el comercio y la Inversión. CETA, el acuerdo que se firmó con Canadá a finales de septiembre en Toronto, es un Acuerdo General de comercio. En ambos casos hablamos de Acuerdos comerciales de nuevo tipo porque incorporan mecanismos de regulación de las diferencias entre empresas, inversores y estados que orillan las jurisdicciones nacionales bajo el argumento de la eficacia y la sencillez.

El objetivo real de las negociaciones no son las barreras arancelarias, sino las constricciones reguladoras que limitan los beneficios actuales y potenciales de las corporaciones multinacionales.

Es importante llamar la atención sobre el secretismo y opacidad extrema en la que se trabaja en estos tratados. El CETA se dio a conocer públicamente, por primera vez, el mismo día que se firmó. En carta remitida por el Jefe de la delegación de la UE en el proceso negociador del TTIP, Ignacio García Bercero, aseguraba a su socio, Daniel Mullaney, jefe de la delegación de EE.UU. que la Comisión Europea se comprometía a bloquear cualquier intento de acceso público a los documentos mismos y a cuantos recursos comunicacionales anexos participen del proceso: cartas, mails, mensajes etc.. Y que, además, esta información permanecería secreta durante los próximos 30 años.[1] Solo la semana pasada se hicieron públicas las indicaciones negociadoras del Consejo Europeo a la Comisión en relación con el TTIP. Y éstas indicaciones se hicieron en julio de 2013.

En el colmo de las cosas incomprensibles, los textos disponibles de los avances en la negociación pueden "leerse" en una sala habilitada al efecto donde se impide a los parlamentarios el uso de medios de reproducción, incluidos smartphones o cualquier dispositivo con cámaras etc... El ocultamiento a los representantes de la legitimidad democrática es un síntoma del verdadero significado y transcendencia de lo que se está negociando. Conviene recordar que, toda vez que las competencias sobre comercio están transferidas a las UE, no hay otro modo de controlar el proceso que a través del Parlamento Europeo.

Los efectos del TTIP sobre el empleo y sobre el mercado de trabajo pueden resultar devastadores. Si los supuestos efectos beneficiosos son, cuando más, inciertos, los efectos negativos son seguros. A la pérdida de puestos de trabajo esperados deberíamos sumar los procesos de deterioro de las condiciones de trabajo y la carrera hacia abajo en las garantías y protección en el ámbito de los derechos laborales que va a provocar este Tratado. Las instituciones democráticas tendrán muy difícil realizar mejoras sustanciales en el mercado laboral o subir el salario mínimo interprofesional, por ejemplo, bajo la amenaza real de demandas internacionales de las empresas concernidas: por haber producido un "deterioro injustificado" en sus expectativas de beneficios legítimos y de negocio.

Dos espacios especialmente afectados por este tratado serán el de la seguridad alimentaria y las cuestiones medioambientales.

Hoy en día, aproximadamente el 70% de todos los alimentos procesados a la venta en los supermercados estadounidenses contienen ingredientes genéticamente modificados. Como resultado de la fuerte resistencia popular, en cambio, apenas hay alimentos genéticamente modificados en los supermercados europeos, y todos aquellos elementos que contengan ingredientes modificados genéticamente deben señalarlo claramente en el etiquetado.[2] La ofensiva de la gran agroindustria estadounidense contra esta protección al consumidor es uno de los verdaderos caballos de batalla del TTIP. Los Reglamentos de 2009[3] que consagran el principio de cautela en la legislación comunitaria[4] se han convertido en el objetivo del TTIP, entre otros. Con los actuales estándares de seguridad europeos en materia de uso de hormonas o tratamiento con cloro de pollos y pavos más del 40% de los productos americanos no podrían venderse en Europa.

La Comisión europea se ha mostrado comprensiva con los argumentos de la agroindustria estadounidense y se ha declarado dispuesta a revisar las medidas de seguridad alimentaria en la UE "con la finalidad de eliminar barreras innecesarias"[5]

En materia de regulación medioambiental la propia Comisión ha evaluado que el impacto en términos de emisión de gases de efecto invernadero producido como consecuencia del TTIP será de más de 11 millones de toneladas, afectando gravemente a los compromisos europeos de cumplimiento del Protocolo de Kyoto.

El otro aspecto concernido es la protección de la salud en la UE y la limitación de substancias químicas peligrosas. El Reglamento REACH en materia de registro, evaluación y autorización de sustancias químicas se apoya en el principio de cautela. En Estados Unidos existe una Ley sobre el control de substancias químicas extremadamente laxa y permisiva. Baste como ejemplo que mientras que la UE prohíbe el uso de 1.200 substancias químicas en cosméticos, EE.UU. solamente prohíbe una docena.

Hay otros aspectos que se verán afectados por este Tratado: los servicios públicos, la privacidad etc... pero sin duda el elemento de mayor riesgo y de mayor perversidad democrática es el conocido como Investor-state dispute settlement (ISDS). Este sistema de arreglo de desacuerdos en el marco de la aplicación del Tratado confiere a las empresas un poder que las iguala con los estados. Con la aplicación de estos mecanismos las empresas podrán litigar con los estados por medidas que vayan a tomar en cualquier materia. La simple amenaza de un proceso que puede implicar millones de euros de multas para los estados es una poderosa baza negociadora a favor de las empresas.

Es un paso más en el desplazamiento brutal de poder que la globalización neoliberal está produciendo a favor de la elite económica y política que nos domina.

Por otra parte, los tribunales estarán formados por abogados sin experiencia judicial alguna y con poderosas razones para fallar a favor de las empresas. A través de mecanismos como las garantías para un "trato justo y equitativo" a inversores e inversiones; garantías frente a expropiaciones indirectas o definiciones muy amplias de lo que debe ser considerado inversor o inversión, se abren las puertas a esa dinámica de amenazas frente a los estados y su capacidad de regulación del mercado.

Después del TTIP, si este se aprobara, la subordinación de la política a los mercados sería una realidad aún más intensa y axfisiante y la capacidad de las instituciones democráticas para producir políticas públicas a favor de la mayoría se reducirían considerablemente.

Estas negociaciones son secretas y blindadas porque resultan difícilmente defendibles. Tenemos un año para confrontar este desafío y proponer una política comercial basada en otros parámetros y otros estándares.

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[1] arrangements on ttip negotiating documents; se pueden seguir este y otros documentos en: http://trade.ec.europa.eu/doclib/cfm/doclib_section.cfm?sec=146&link_types=&dis=20&sta=41&en=60&page=3&langId=fr

[2] Hilary, John (2014), El acuerdo transatlántico sobre comercio e inversión: una carta para la desregulación...Rosa Luxemburg Stiftung, pág. 18

[3] La Directiva 2009/128/EC que establece el marco de acción comunitaria para alcanzar un uso de pesticidas sostenible, y el reglamento (EC) No 1107/2009 sobre la comercialización de productos fitosanitarios, ambos del 21 de octubre de 2009.

[4] El principio de prudencia obliga a las empresas a demostrar la seguridad del producto que quieren comercializar y no como en Estados Unidos donde son los poderes públicos los que deben demostrar los riesgos del producto.

[5] "TTIP: Note for the attention of the Trade Policy Committee". Bruselas, Comisión Europea, 20 de junio 2013.

Una Comisión europea al servicio de las multinacionales

Pedro Chaves
Asistente parlamentario en el grupo de la Izquierda Plural en el Parlamento Europeo
En estos días van a celebrarse las audiencias parlamentarias para evaluar a los futuros comisarios/as que integrarán el equipo dirigido por Juncker. Se ha dicho que se trata del “equipo más político que haya tenido nunca la comisión europea”. Y se ha defendido, desde diferentes foros, el cambio radical de actitud respecto a la inanidad completa de José Manuel. Barroso. Los cambios afectan a la forma y también al contenido. En lo que hace al modo y métodos de funcionamiento propuestos para la Comisión, Juncker ha apostado por una reforma funcional que hace más operativo y eficiente la toma de decisiones y la determinación de objetivos políticos al servicio de las prioridades de trabajo acordadas con el Consejo Europeo y con el Parlamento.
Lo sustancial, sin embargo, no radica aquí, en las propuestas para comisarios figuran 5 antiguos primeros ministros decididamente comprometidos con las políticas de austeridad y el traslado de los costes de la crisis a las políticas sociales. Es ejemplar el caso de Alenka Bratusek una de las Vicepresidencias propuestas que coordinaría, entre otras cosas, las diferentes Direcciones Generales encargadas de la política energética, entre ellas la atribuida a Cañete. La ex primera ministra eslovena -liberal y exsocialdemócrata- ha llevado a cabo uno de los planes de ajuste más duros de toda la UE.
Pero también encontramos en las propuestas de Juncker el compromiso de éste con los mercados financieros y sus exigencias. La candidatura del británico Jonathan Hill para los Asuntos Financieros es una de las más llamativas. Este antiguo lobbysta trabajó desde su consultaría financiera -Quiller Consultant- para, entre otros, HSBC, el mayor banco de la UE por activos. Una concesión a la City londinense, a los mercados financieros y a las propuestas de desregulación y de mantenimiento de la política de casino global que nos ha llevado a la crisis económica más importante desde el crack del 29.
Para la cartera de Educación, cultura y ciudadanía, Juncker propone a Tibor Navracsics, mano derecha del presidente Orban en Hungría y Ministro de Justicia con éste. Uno de los países que ha puesto de manifiesto el fin del mito de la europeización. Este mito defiende que el ingreso en la UE abre un proceso incremental positivo con consecuencias especialmente intensas en los procesos de consolidación democrática. El caso húngaro ha degenerado en una deriva autoritaria de la que el candidato propuesto es, singularmente, protagonista.
Pues bien, en esta Comisión aparece la propuesta de Miguel Arias Cañete, ex-Ministro de Agicultura, Pesca y medioambiente en el gobierno de Rajoy. Ahora mismo, es, sin duda, el candidato con más posibilidades de recibir un revolcón en el proceso de audiencia y ratificación por el Parlamento Europeo.
Para soltar lastre y evitar males mayores el ex Ministro Arias Cañete ha puesto a la venta sus acciones en las empresas DUCAR s.l. y Petrologic s.l. Aun cuando su familia sigue conservando más del 70% de las acciones en estas compañías. Es una buena noticia en el empeño por deslindar claramente los intereses generales de los intereses privados. Pero es una noticia que no cambia, en lo sustancial, las razones para oponerse con rotundidad al nombramiento de Arias Cañete como Comisario de Acción por el clima y energía de la futura Comisión Europea.
El asunto energético se ha convertido en un tema central para la economía europea y así se refleja en las prioridades que el Presidente de la Comisión ha fijado para su presidencia. La energía se propone como el tercero de sus diez objetivos con tres mandatos concretos:
1. Una nueva UE de la energía que reduzca la dependencia energética y diversifique las fuentes y los suministros
2. “Por ello, quiero que la Unión de la Energía de Europa pase a ocupar el primer lugar mundial en el sector de las energías renovables”.
3. “Quiero que la Unión Europea lidere la lucha contra el calentamiento global de cara a la reunión de las Naciones Unidas que se celebrará en París en 2015″
Se trata de objetivos ambiciosos que exigirán la movilización de importantes recursos económicos y un compromiso importante con los intereses generales. Al mismo tiempo, la dimensión relacionada con las energías renovables debería implicar una sensibilidad demostrada de defensa y  respeto al medio ambiente.
El ex ministro no está en condiciones de garantizar ninguna de las dos, antes bien, su práctica política y empresarial demuestra justo lo contrario.
Conviene recordar que el sr. Cañete fue el responsable de la Ley de Costas y del Plan Hidrológico nacional aquel que se iba a aprobar “por cojones” y cuya tramitación parlamentaria sería “un paseo militar” y que fue tumbado parcialmente por la Comisión Europea por incumplir de manera flagrante la Directiva marco del Agua.
La Ley de Costas fue el ejemplo paradigmático tanto de la sensibilidad medioambiental del Ministro y del gobierno del PP como de la colusión permanente entre intereses públicos y privados del sr. Cañete.
Esta Ley (denominada en lenguaje orwelliano Ley de protección y uso sostenible del litoral) significó cambios sustanciales en la protección de las costas y de entornos ecológicos muy frágiles: las Salinas dejaron de ser consideradas terrenos públicos; se modificaron los plazos de concesión de uso privado con fines industriales en ríos y rías; se ampliaba la concesión en puertos deportivos; se privatizaba el espacio detrás de un paseo marítimo o se creaban espacio de aplicación “laxa” de la ley como en Formentera. etc.
En todos los casos había beneficiarios próximos al Partido Popular o socios de negocio de la actividad empresarial del sr. Cañete: Abel Matutes, Gabriel Cañellas, el Grupo Villar Mir, Bautista Soler, Ignacio López del Hierro (marido de la sra. Cospedal) o Joaquín Rivero.
La puesta en marcha de la Ley implicó un incremento sustancial de la privatización de espacios públicos -de aquello que debería ser considerado lo común-; un aumento de la inseguridad jurídica y un desprecio olímpico por los criterios científicos que aconsejaban ir justo en la dirección contraria.
En lo que se refiere a su voluntad política para hacer real ese loable propósito del sr. Junker de hacer de la UE líder mundial en utilización de energías renovables, precisamente España puede ser puesta como ejemplo de un camino prometedor y de cómo ese camino se frustra cuando los gobiernos no atienden a los intereses generales sino al interés particular, en este caso las grandes empresas de producción de energía.
En Agosto de 2014 las energías renovables supusieron el 34,6% de la producción eléctrica en España, frente al 35,7% de la nuclear y de las fósiles. Pues bien, este camino promisorio es el que ha quebrado el cambio legislativo que el PP -con el acuerdo del sr. Cañete- ha introducido en nuestro país y que va a implicar que al menos hasta el año 2018 No se pondrá en marcha ni una sola instalación nueva de energía eólica, solar, hidráulica y de biomasa.
Al mismo tiempo que se detiene en seco la inversión en energías renovables se autoriza, mediante decreto-ley la reapertura de la Central nuclear de Garoña, una central con 47 años de existencia y con serios problemas de seguridad en los últimos años.
Por último, los cambios legislativos en nuestro país en la tarificación eléctrica han incrementado el peso de la pobreza energética en nuestra sociedad.
Por si no pareciera suficiente, llama la atención que se proponga al ex Ministro para el desempeño de una tarea en la que tiene intereses empresariales personales. En comparecencia a petición propia en agosto de 2013 el ministro declaró que ninguna de esas empresas se dedicaba al bunkering (repostaje de fuel en alta mar con gravísimas consecuencias medioambientales para los entornos marinos y uno de los principales factores de contaminación en la Bahía de Algeciras). Pero lo cierto es que la empresa Ducar es esencial en el proceso de repostaje en alta mar. A cambio de un canon anual, Ducar alquila la mitad de sus instalaciones (84.000 metros cúbicos) a la compañía Vilma Oil, una empresa dedicada a la venta de combustible para buques que transitan por el estrecho de Gibraltar y que reconoce suministrar y aprovisionarse de fuel proveniente de gasolineras flotantes gibraltareñas, que se benefician del favorable y cuestionado régimen fiscal del Peñón.
Habría más razones relacionadas con sus capacidades y con su reconocida incontinencia verbal. Son varias las ocasiones en las que ha tenido que pedir públicas disculpas por sus declaraciones y al menos en dos de ellas ha sido enmendado por el presidente de su partido, el sr. Rajoy.
La última y muy sonada ocasión fueron sus declaraciones machistas tras el debate preelectoral con la candidata del PSOE, Elena Valenciano.
Si el PP quiere acometer con rigor la regeneración democrática en nuestro país, puede ir empezando por su casa y dar marcha atrás en esta incomprensible propuesta. No hay ninguna buena razón que justifique la presencia del ministro en la Comisión europea y sí, muchas y contundentes razones para negarle esta responsabilidad.
Por otra parte, la UE, la Comisión, tienen, también, una buena oportunidad para redimirse de su alejamiento del parecer de la ciudadanía y hacer posible disminuir la desconfianza de ésta respecto de las instituciones, dando ejemplo de sensibilidad frente a lo obvio: el sr. Cañete no puede, en ningún caso, ser Comisario de la Comisión Europea.
Pero quien tiene una responsabilidad singular en este momento respecto al futuro del sr. Cañete y de la Comisión misma es la familia socialista europea. En función del pacto legislativo que ha llevado al socialdemócrata alemán Schultz a la presidencia del Parlamento, se supone que habrá respeto para las decisiones y propuestas de Junker y por tanto no se cuestionarán los candidatos. Todo parece indicar que, asegurada la elección, el PSOE hará el gesto de oponerse a Cañete sin especial intensidad. Mal asunto. Este es otro de los momentos en los que el PSOE, en particular, y los socialistas en general, pueden decidir dejar de ser parte de los problemas y comenzar a formar parte de las soluciones. No les quedan muchos trenes.
Entretanto la izquierda alternativa se ha aplicado en la denuncia de los candidatos/as que muestran el compromiso de esta Comisión con las políticas que han implicado sufrimiento y dolor para el conjunto de nuestras sociedades y premios económicos incomprensibles y suculentos para la minoría del 1%, responsable de la crisis.